Curicó lideró conversatorio intercomunal sobre extracción de áridos
Participaron las comunas de Rauco, Sagrada Familia, Teno, Romeral, Curicó y Molina.
El objetivo es evitar que la extracción de áridos afecte los cauces de los ríos, especialmente durante este invierno.
Con la finalidad de actualizar conocimientos y acordar criterios de fiscalización, se llevó a cabo un conversatorio intercomunal sobre cauces hídricos, que contó con la exposición de la Dirección General de Aguas (DGA). Esta instancia correspondió a una segunda jornada, ya que anteriormente la dirección de obras municipales organizó una actividad similar junto a la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH).
El objetivo fue coordinar acciones conjuntas con las comunas vecinas de Romeral, Teno, Rauco, Sagrada Familia y Molina, ante el aumento de denuncias por extracciones irregulares, desvíos clandestinos y modificaciones no autorizadas en las riberas. Lo anterior, debido a que estas intervenciones pueden generar afectaciones con la crecida de los ríos, especialmente en viviendas cercanas a los cauces.
El conversatorio contó con la participación del administrador municipal, Marcelo Fernández, en representación del alcalde George Bordachar; la directora de Gestión Ambiental, Carolina Marín; y el jefe de fiscalización de la Dirección General de Aguas, Enrique Osorio.
La directora de Gestión Ambiental enfatizó que toda extracción mecanizada se considera ilegal y, por ende, corresponde la fiscalización de la DGA cuando existe una denuncia, instancia en la que colaboran activamente los vecinos.
Por su parte, Enrique Osorio, jefe de fiscalización de la DGA, valoró la instancia intercomunal, señalando que una mejor forma de abordar estas situaciones es mediante el conocimiento de los municipios respecto de los procedimientos de la DGA, permitiendo así comunicar oportunamente cuando detecten una infracción al Código de Aguas.
En este conversatorio se buscó clarificar el alcance de las atribuciones que confiere el artículo 171 del Código de Aguas. La jornada se enfocó en los criterios técnicos para identificar cuándo una intervención, movimiento de tierra o extracción de material constituye una modificación no autorizada del cauce hídrico. Además, se analizaron los canales óptimos para tramitar denuncias de particulares por intervenciones ilegales y la articulación con órdenes de paralización inmediata y clausuras que el municipio puede decretar por falta de patentes comerciales, según las atribuciones establecidas en la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
